{"id":29752,"date":"2025-01-15T12:25:52","date_gmt":"2025-01-15T12:25:52","guid":{"rendered":"https:\/\/casinodatacenter.ru\/?p=29752"},"modified":"2025-01-15T12:42:03","modified_gmt":"2025-01-15T12:42:03","slug":"legalidad-y-convencionalidad-como-base-del-sistema-penal-acusatorio-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/casinodatacenter.ru\/?p=29752","title":{"rendered":"LEGALIDAD Y CONVENCIONALIDAD cOMO BASE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO eN M\u00c9XICO"},"content":{"rendered":"
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Todo ello, dentro del sistema penal acusatorio delineado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma de 2008 y en el C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales. La reflexi\u00f3n gira en torno al an\u00e1lisis sobre \u00bfc\u00f3mo los jueces locales deben aplicar la convencionalidad en materia penal? En este texto se pretende analizar la legalidad penal a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, en donde se introduce la convencionalidad, en el contexto del nuevo procedimiento penal acusatorio. El eje de la reflexi\u00f3n ser\u00e1: \u00bfc\u00f3mo coexiste la legalidad estricta en materia penal con la convencionalidad? \u00bfDe qu\u00e9 forma los jueces penales podr\u00e1n adecuarse al principio de convencionalidad en el proceso penal? Es evidente que la llamada reforma de los derechos humanos abre en forma extraordinaria las posibilidades de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas a los casos concretos. En otras materias, ello era factible a la luz del propio art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n federal, sin embargo, en materia penal la legalidad estricta era un impedimento para no aplicar la norma o para extender sus l\u00edmites.<\/p>\n

Hoy en d\u00eda, ello est\u00e1 sufriendo modificaciones importantes que tratar\u00e9 de contextualizar en esta colaboraci\u00f3n. La legalidad es un importante avance en la organizaci\u00f3n de los Estados naci\u00f3n. A fines del siglo XVIII fue plasmado en los art\u00edculos 7o. y 8o. de la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), cuando se se\u00f1ala que: \u201cNing\u00fan hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que \u00e9sta ha prescrito\u201d. Con ello se elimina la posibilidad de arbitrariedad y abuso de la autoridad, al menos en el plano formal. Adem\u00e1s se indica que las penas s\u00f3lo ser\u00e1n \u201clas necesarias\u201d, y siempre con base en \u201cuna ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente\u201d. Con lo que se asume, no s\u00f3lo la legalidad estricta, sino tambi\u00e9n la necesidad de un proceso legalmente desarrollado.<\/p>\n

Un principio que sigue imperando hasta la fecha, aunque desde luego con matices importantes. Con la legalidad se limita el poder de punici\u00f3n y la prohibici\u00f3n de la retroactividad de la ley, pero, adem\u00e1s, la necesidad de que las autoridades se sujetaran estrictamente a la misma. A partir del formalismo normativista, era impensable que los jueces rebasaren los l\u00edmites establecidos por la ley. As\u00ed qued\u00f3 establecido este principio en la f\u00f3rmula: Nullum crimen, nulla poena sine previa lege penale. En la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (1969), la amplitud de la legalidad es mayor y se establece con f\u00f3rmulas legales m\u00e1s actuales. En principio se salvaguarda la libertad personal y se establecen garant\u00edas penales que permitan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas. Concretamente en el art\u00edculo 9o. de dicha Convenci\u00f3n, se alude al Principio de Legalidad y de Retroactividad, se\u00f1alando que: \u201cNadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable\u201d.<\/p>\n

En estos documentos se refleja la postura cl\u00e1sica del principio de legalidad que implica que todo acto de autoridad estar\u00e1 sujeto a la ley, de ah\u00ed que la legalidad se constituye en un l\u00edmite fundamental al ius puniendi en beneficio de los individuos; a trav\u00e9s de este principio queda proscrita la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad. Sin embargo, existen distintas formas de establecerlo, seg\u00fan se trate de la materia penal o de cualquiera otra. En el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n mexicana se proh\u00edbe la retroactividad en perjuicio de cualquier persona, pero adem\u00e1s se enfatiza la necesidad del debido proceso y que en el \u00e1mbito criminal \u201cqueda prohibido imponer, por simple analog\u00eda, y a\u00fan por mayor\u00eda de raz\u00f3n, pena alguna que no est\u00e9 decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata\u201d. En tanto que, en otros \u00e1mbitos legales, la autoridad puede acudir a fuentes supletorias para tomar la mejor decisi\u00f3n. El principio de legalidad estricta se dirige al legislador, a trav\u00e9s de la taxatividad y la precisi\u00f3n f\u00e1ctica normativa respecto de las formulaciones legales, referidas al delito, la pena y su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

Por tanto, s\u00f3lo la ley puede se\u00f1alar las conductas previstas como delito. El principio de legalidad, sustento del Estado de derecho, contiene diversos postulados que han de considerarse a la hora de su aplicaci\u00f3n:\u2022Legalidad estricta en materia penal. \u2022Exigencia de certeza en las normas penales. \u2022Prohibici\u00f3n de la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la ley penal. \u2022Irretroactividad de la ley. \u2022Garant\u00eda del debido proceso. \u2022Ejecuci\u00f3n y cumplimiento de penas conforme a la ley. Para efectos de este an\u00e1lisis, es indispensable ocuparnos de las condiciones del propio Estado que expide y aplica las normas, as\u00ed como de la concepci\u00f3n misma del derecho que se encuentra inmerso en ello. Las transformaciones que he se\u00f1alado llevan a considerar que actualmente la legalidad supera los l\u00edmites del Estado liberal para constituirse como sustento del Estado constitucional, lo cual implica, a su vez, modificar las fuentes tradicionales del derecho. A partir de esta visi\u00f3n positivista se entend\u00eda que \u201ctodo lo que no est\u00e1 prohibido, est\u00e1 permitido\u201d; hoy sabemos que ello no es as\u00ed, dado que aunque la ley no lo se\u00f1ale expresamente, la obligaci\u00f3n de toda autoridad es respetar los est\u00e1ndares internacionales de protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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