{"id":30116,"date":"2025-01-15T12:27:25","date_gmt":"2025-01-15T12:27:25","guid":{"rendered":"https:\/\/casinodatacenter.ru\/?p=30116"},"modified":"2025-01-15T12:40:40","modified_gmt":"2025-01-15T12:40:40","slug":"91-kimel-cit-nota-30-parr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/casinodatacenter.ru\/?p=30116","title":{"rendered":"91; Kimel, Cit., Nota 30, P\u00e1rr"},"content":{"rendered":"
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Abogada en la Universidad de La Sabana, LLM de University of Queensland (Australia), doctoranda de la Universidad Austral (Argentina). Directora del \u00c1rea de Derecho Internacional, Comunitario y Relaciones Internacionales, as\u00ed como del Grupo de Investigaci\u00f3n en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. Los desarrollos de la Corte Interamericana sobre el principio de legalidad permiten concluir que \u00e9sta es una premisa transversal de toda la Convenci\u00f3n Americana, que impone como referentes no s\u00f3lo la ley nacional, sino adem\u00e1s los est\u00e1ndares que leg\u00edtimamente se derivan del nuevo orden internacional de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, se propone que la creaci\u00f3n jurisprudencial del control de convencionalidad es una nueva dimensi\u00f3n del principio de legalidad del cual se derivan obligaciones jur\u00eddicas singulares, a cargo de los jueces nacionales. Palabras clave: principio de legalidad, control de convencionalidad. The Inter-American Court developments on the legality principle allows to conclude that this is a transversal premise of the entire American Convention, which imposes as references not only national law but also the standards that legitimately result from the new international human rights order.<\/p>\n

From this perspective, it is proposed that the judicial creation of the ‘conventionality control’ is a new dimension of the legality principle of which singular legal obligations are derived for national judges. Keywords: legality principle, conventionality control. I. Introducci\u00f3n. II. El principio de legalidad y el control de las actuaciones del Estado en materia de derechos humanos. III. La noci\u00f3n de control de convencionalidad. El art\u00edculo 9o. de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) recoge el principio de legalidad,1 al modo como cl\u00e1sicamente se le ha concebido,2 puntualizando las obligaciones que de all\u00ed surgen para los Estados en materia penal, esto es, la prohibici\u00f3n general de retroactividad de la ley penal y el principio de favorabilidad en la aplicaci\u00f3n de la pena. En sus or\u00edgenes, esta premisa del Estado de derecho se constituye en verdadero estandarte, por cuanto supone un l\u00edmite al poder p\u00fablico a favor de los derechos de los particulares, m\u00e1s imperante todav\u00eda en el terreno del ejercicio del ius puniendi en cabeza del Estado.3 Esta perspectiva se conserva en el texto de la Convenci\u00f3n, pero, sin duda, su alcance supera el terreno de lo penal, y se sit\u00faa como principio transversal de todo el pacto.<\/p>\n

La f\u00f3rmula apremiante y reiterada que exige la cuidadosa adecuaci\u00f3n de las actuaciones del poder p\u00fablico a la ley es, en s\u00ed misma, la expresi\u00f3n del principio de legalidad como pilar fundamental del Estado de derecho. El control de legalidad de cualquier posible restricci\u00f3n a los derechos humanos a que se refiere de manera constante la CADH \u0097al cual se le suele llamar reserva de ley\u0097, es una consecuencia necesaria del reconocimiento de la primac\u00eda del principio de legalidad en el orden jur\u00eddico interamericano. Sin embargo, la lectura que de este concepto se sugiere, supera las ra\u00edces formalistas de sus or\u00edgenes, y m\u00e1s bien se propone como principio de juridicidad en sentido lato. Le\u00eddo de este modo, este escrito parte de una perspectiva amplia del principio de legalidad \u0097no condicionada exclusivamente al \u00e1mbito penal\u0097 que, en \u00faltima instancia, apela a la necesidad de controlar la ‘juridicidad’ de las actuaciones del Estado, de conformidad con lo que podr\u00eda denominarse un nuevo corpus iuris de los derechos humanos.<\/p>\n

En este sentido, el principio de legalidad irradia objetivamente el contenido de toda la Convenci\u00f3n e impone a todas las autoridades p\u00fablicas el imperativo de ajustar su actuaci\u00f3n a derecho, bajo el entendido de que el concepto de derecho no est\u00e1 restringido al modo formalista positivista o legalista,4 sino que bien podr\u00eda sugerirse una lectura desde el realismo jur\u00eddico que entiende el derecho como lo justo vigente en el contexto del derecho nacional e internacional de los derechos humanos. As\u00ed las cosas, y partiendo de este presupuesto, los planteamientos que se expondr\u00e1n en este trabajo persiguen dos objetivos centrales. En primer lugar, ilustrar el alcance que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, «Corte IDH») ha dado al principio de legalidad y al ejercicio de este control por parte de los jueces, particularmente, en algunos casos de restricci\u00f3n a derechos fundamentales. Y, en segundo lugar, demostrar que el reciente concepto de ‘control de convencionalidad’ desarrollado por la Corte IDH, se desprende justamente de la trascendencia que \u00e9sta misma ha dado a la noci\u00f3n de control de legalidad en el marco de las nuevas exigencias del derecho internacional de los derechos humanos, de modo que podr\u00eda decirse que el ‘control de convencionalidad’ responde a una nueva dimensi\u00f3n del principio de legalidad, en cuanto supone la valoraci\u00f3n judicial de una conducta del Estado como ajustada a derecho.<\/p>\n

Lo descrito permitir\u00e1 arribar a tres conclusiones fundamentales que se van concatenando en este estudio. En primer lugar, que el control de legalidad de las restricciones a derechos fundamentales que surge del principio general de legalidad, exige en la tarea judicial una valoraci\u00f3n sobre el grado de adecuaci\u00f3n de la conducta de las autoridades p\u00fablicas con ‘el derecho’, entendiendo que ‘derecho’ no es s\u00f3lo el orden jur\u00eddico nacional, sino tambi\u00e9n el internacional en cuanto complementa la garant\u00eda y protecci\u00f3n a los derechos fundamentales de los individuos, independientemente del modelo particular de recepci\u00f3n del derecho internacional en el \u00e1mbito interno. En segundo lugar, se puede concluir que el control de convencionalidad a cargo de los jueces nacionales, es una f\u00f3rmula que se deriva del principio de legalidad, por cuanto apunta a determinar la ‘legalidad’ o ‘adecuaci\u00f3n a derecho’ de una actuaci\u00f3n del Estado en el marco jur\u00eddico de la Convenci\u00f3n Americana, cuyo ejercicio corresponde primeramente a los jueces internos, dado un conjunto de condiciones esenciales para su operatividad.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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