{"id":30737,"date":"2025-01-15T12:29:19","date_gmt":"2025-01-15T12:29:19","guid":{"rendered":"https:\/\/casinodatacenter.ru\/?p=30737"},"modified":"2025-01-15T12:38:24","modified_gmt":"2025-01-15T12:38:24","slug":"la-jurisprudencia-mexicana-y-el-principio-de-legalidad-una-compleja-relacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/casinodatacenter.ru\/?p=30737","title":{"rendered":"La Jurisprudencia Mexicana Y el Principio De Legalidad: una Compleja Relaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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La revisi\u00f3n hist\u00f3rica acerca de la configuraci\u00f3n de la jurisprudencia mexicana da testimonio de la forma en la que la legislaci\u00f3n la ha regulado, y la doctrina la ha caracterizado y clasificado, con la tendencia permanente a concebir su vocaci\u00f3n orientadora limitada al \u00e1mbito jurisdiccional, lo que nos lleva a hablar acerca de su relaci\u00f3n con el principio de legalidad. Podr\u00edamos decir que nuestra jurisprudencia no ha experimentado diversas \u201cfacetas\u201d formales, sino que se ha mantenido pr\u00e1cticamente inalterada, casi indiferente al proceso de internacionalizaci\u00f3n del derecho constitucional y posterior constitucionalizaci\u00f3n del derecho internacional de los derechos humanos. Esta circunstancia tiene por supuesto implicaciones importantes. En M\u00e9xico, como en otros pa\u00edses latinoamericanos de origen, se ha concedido, tanto en la legislaci\u00f3n como en la doctrina, un papel muy limitado a la jurisprudencia como una fuente secundaria, incluso marginal, de derecho.10 Tradicionalmente, se entend\u00eda la funci\u00f3n de los tribunales como la mera aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de la ley, ya que todas las respuestas estaban ya contenidas en ella, con lo cual no se admit\u00eda que la actividad jurisdiccional desempe\u00f1ara un papel distinto a la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Sin embargo, tal concepci\u00f3n se fue erosionando y se vio rebasada por una realidad que discurre con una velocidad vertiginosa. Hablar de la ampliaci\u00f3n del principio de legalidad que concedi\u00f3 un papel m\u00e1s central a la jurisprudencia parecer\u00eda inexacto ya que desde sus or\u00edgenes, la Constituci\u00f3n y la ley de amparo mexicana han reconocido la obligatoriedad de la jurisprudencia en el \u00e1mbito jurisdiccional, no obstante, en el discurso y la pr\u00e1ctica se hab\u00eda negado sistem\u00e1ticamente esa realidad relegando su papel al m\u00ednimo. Esta ampliaci\u00f3n a la noci\u00f3n de legalidad tuvo que operar en el nivel del discurso y la pr\u00e1ctica, principalmente, ya que ni constitucional ni legalmente hab\u00eda obst\u00e1culo alguno para reconocer la importancia creadora de la jurisprudencia. La observaci\u00f3n es importante en tanto nos advierte de una transformaci\u00f3n fundamental en la comprensi\u00f3n del papel de la jurisprudencia mexicana en el marco del tr\u00e1nsito (y probablemente impulsado por \u00e9ste) a un Estado constitucional de derecho.<\/p>\n

As\u00ed pues, a pesar de las resistencias a admitir el papel din\u00e1mico de la jurisprudencia, estamos experimentando -en el plano pr\u00e1ctico y discursivo, antes que en el legislativo- un cambio sustantivo respecto de la forma en que la concebimos, y su papel en el sistema jur\u00eddico, que se ha vuelto m\u00e1s palpable, en mi opini\u00f3n, por la centralidad de los derechos humanos y la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos en M\u00e9xico. Si bien es cierto que la Constituci\u00f3n mexicana ha experimentado una transformaci\u00f3n para recoger los elementos formales necesarios para dicho tr\u00e1nsito, tambi\u00e9n lo es que, en el sistema jur\u00eddico mexicano no ha ocurrido una revisi\u00f3n de otros elementos estructurales del sistema que deber\u00edan transitar y acompa\u00f1ar la implementaci\u00f3n de estos rasgos del Estado constitucional de derecho. Tengo en mente a la jurisprudencia de la SCJN13 como uno de esos elementos estructurales sin el cual se advierte dif\u00edcil el tr\u00e1nsito exitoso a un estado de cosas distinto.<\/p>\n

En el marco de esta constataci\u00f3n, cobra relevancia la relaci\u00f3n de la jurisprudencia con el principio de legalidad, ya que formalmente y de facto, los \u00f3rganos de la administraci\u00f3n p\u00fablica del Estado mexicano han mantenido y mantienen una adhesi\u00f3n absoluta (al menos en el discurso) a la m\u00e1s estricta legalidad de sus actos. 1) Los \u00f3rganos judiciales tienen una obligaci\u00f3n directa y real de aplicar y actuar conforme al contenido de la jurisprudencia. Las dos circunstancias previas nos conducen a preguntarnos acerca de qui\u00e9nes son los destinatarios de la jurisprudencia. Idealmente, los destinatarios de la regla autoritativa ser\u00edan todos aquellos cuya esfera se pudiera ver alterada con su aplicaci\u00f3n o deban intervenir en la misma: tribunales, funcionarios y particulares, en virtud de que, presumiblemente, uno de los prop\u00f3sitos de la emisi\u00f3n de reglas es regular la conducta en alg\u00fan aspecto necesario (es decir, no se emiten reglas sobre un tema ya regulado).<\/p>\n

En el caso de la jurisprudencia mexicana, sin embargo, la preminencia del principio de legalidad limita el alcance de la regla jurisprudencial \u00fanicamente a las partes involucradas y a los tribunales, ya que no obliga a los particulares a invocarla en el futuro ni a las dem\u00e1s autoridades a conocerla o aplicarla directamente. En M\u00e9xico, su alcance y la obligatoriedad est\u00e1n limitados a tribunales federales y \u00f3rganos de impartici\u00f3n de justicia locales. Sin embargo, los criterios interpretativos del Poder Judicial contienen la concreci\u00f3n \u00faltima del derecho vigente, de modo que es deseable que sus efectos y soluciones tuvieran un mayor alcance en consonancia con el tr\u00e1nsito efectivo a un Estado constitucional de derecho. As\u00ed, aunque la jurisprudencia pretende tener fuerza autoritativa en M\u00e9xico y desarrolla la concreci\u00f3n \u00faltima y m\u00e1s acabada de los derechos, ocurre que el principio de legalidad como lo hemos entendido tiene un efecto limitante en su alcance, pues no s\u00f3lo limita a las autoridades distintas a la judicial a seguirla de primera intenci\u00f3n -debido al estricto apego a la ley-, sino que tambi\u00e9n evita que los particulares atiendan (fuera del \u00e1mbito judicial) las reglas de precedente que proceden de un origen distinto al legislativo.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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