México: sueños sin oportunidad. El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y entre otros. Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado. Fuente: Elaborado por el IMCO. Fuente: Elaborado por el IMCO. El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico. Fuente: Elaborado por el IMCO. Implementar una política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana desde lo local. Lo anterior se agudiza si no existe un modelo adecuado que atienda integralmente y promueva la convivencia y seguridad ciudadana en el entorno más inmediato de los ciudadanos. Mediante la implementación y desarrollo de programas de convivencia la Justicia Cívica fomenta la cultura de la legalidad y de cercanía con una policía. Esta Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, implementada desde las entidades, desde los municipios o en conjunto, con el apoyo directo de los gobernadores o presidentes municipales, la participación social, sociedad civil y el empresariado, preferentemente coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el involucramiento de otras instituciones o dependencias relacionadas con la movilidad, desarrollo social o la salud, entre otras, han dado buenos resultados, por ejemplo, en Aguascalientes, con la implementación hace más de una década del Programa Línea Verde.
JUSTICIA PENAL Y POLÍTICA DE REINSERCIÓN SOCIAL. Consolidar el modelo de atención a víctimas de delitos. En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mediante una consulta pública sobre atención a víctimas en México señaló que, el 63% de las víctimas que denunciaron o solicitaron ayuda por un delito por violación a sus derechos humanos no recibió acompañamiento en su denuncia. Sistema Estatal de Atención a Víctimas que está integrado por los representantes del poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos públicos (Comisiones de Derechos Humanos) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel local, buscando contar con procesos a nivel estandarizados de atención y acompañamiento, homologación de criterios de reparación de daños y la unificación de sus atribuciones jurídicas a nivel nacional, incluyendo asegurar los recursos suficientes para cumplir con sus objetivos y atribuciones. A su vez, se considera relevante impulsar desde los gobiernos o legislaturas locales la modificación a la Ley General de Víctimas y al Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de fortalecer los derechos de la víctima para que pueda contar con un asesor jurídico desde el momento en que interpone una denuncia, sin que sea opcional o a solicitud de la misma.
Lo anterior, servirá para que miles de víctimas, cuenten con los mecanismos adecuados de acceso a la justicia, fortaleciendo el Estado de Derecho en nuestro país. Crear unidades eficientes de investigación de delitos. Ante los altos niveles de impunidad, es necesario fortalecer las capacidades de investigación, dentro de las Fiscalías, y dependencias encargadas de brindar seguridad ciudadana. Hoy en día, las policías de los tres órdenes de gobierno deben de tener un papel protagónico en la investigación de los delitos, sin embargo, aún no se ha logrado que éstas se corresponsabilicen y doten de información útil al Ministerio Público para detonar el avance en las investigaciónes que se les presentan. Se continúan fabricando investigaciones de escritorio (sin salir de la oficina), y continuan existiendo disputas por cuestiones competenciales sobre a aquíen le corresponde resguardar o indagar sobre un crimen. Lo cual, tiende a afectar el desarrollo en las lineas de investigación, y en los deficientes resultados ante los tribunales.