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El pasado 4 de diciembre, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) clausuró el casino Winpot en Pachuca, una medida que ha desatado controversia. A pesar de contar con permisos vigentes y amparos legales, más de 200 empleados quedaron sin trabajo, lo que generó cuestionamientos sobre si esta decisión responde a intereses más allá de los regulatorios. A pocos metros de Winpot se encuentra su principal competidor, el casino Vía Dorada, administrado por empresarios con vínculos estrechos con el gobierno estatal. Este detalle ha levantado sospechas de un posible conflicto de interés en el corazón de la administración del gobernador Julio Menchaca. La cercanía geográfica entre ambos casinos y las conexiones políticas de los involucrados han puesto en duda si la clausura del Winpot fue en beneficio del casino rival, Vía Dorada. Además, Sergio Jacinto Gil García, principal accionista de Petolof S.A. de C.V., empresa asociada con Hermes Games, ya había sido señalado por operar casinos en contradicción con políticas federales.
Detención de Edgar Hernández Dañu: ¿Una persecución política o un caso de justicia? Las acusaciones de conflicto de interés también involucran al exgobernador Omar Fayad. Juan Carlos Martínez, uno de los accionistas de Vía Dorada, fue señalado como operador financiero de Fayad, con participación en contratos cuestionables y proyectos inmobiliarios como el desarrollo del complejo comercial que lleva el mismo nombre del casino. Empresas vinculadas a Martínez, como Celular Milenium, fueron denunciadas por sobreprecios en contratos asignados durante la administración de Fayad. Estas conexiones refuerzan la percepción de que los intereses empresariales y políticos en Hidalgo siguen entrelazados. La clausura del Winpot no solo dejó a más de 200 familias sin sustento, sino que también ha cuestionado el compromiso del gobierno actual con la legalidad. Esto plantea interrogantes sobre el papel del gobernador Julio Menchaca y su administración, quienes hasta ahora no han dado explicaciones claras al respecto. La situación en Hidalgo evidencia la urgencia de garantizar procesos transparentes y regulaciones imparciales.